Apoyo internacional en el juicio por la huelga del 8-N

Apoyo internacional en el juicio por la huelga del 8-N

Apoyo internacional en el juicio por la huelga del 8-N

Fomento del Trabajo demandó el sindicato después de fracasar en el intento de prohibir la convocatoria, hecha cuando la Audiencia española había decretado prisión sin fianza para el vicepresidente Oriol Junqueras y los consejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Dolors Balsa y Carles Mundó. Una veintena de sindicatos de todo el mundo han hecho llegar la solidaridad con la Intersindical-CSC y el apoyo al derecho de huelga de los trabajadores catalanes. El primer sindicato de Euskal Herria (ELA), el primer sindicato de Galicia (CIG) y la Federación Sindical Mundial (FSM), que agrupa más de 92 millones de trabajadores de todo el mundo, han apoyado a la formación catalana. Sindicatos de Francia, Cerdeña, Austria, Argentina, el Aragón, Palestina y la Valle de Aosta también han hecho llegar muestras de apoyo.

Concretamente, son la Unión Sindical Solidaires de Francia, el Ajo Pakistán Labour Federation, el Austrian Trade Union Federation, la Confederazione Sindacale Sarda, la Confederación de Trabajadores de Argentina-Autónoma, el Colectivo Unitario de Trabajadores del Aragón, la Intersindical de Aragón, la Palestinian Labor Union Coalition, el Movimiento de Pensionistas y Jubilados Indignados del Aragón, el Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs de la Valle de Aosta y la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción (FSM).

La Intersindical advierte que puede establecerse jurisprudencia

El sindicato ha dicho que si el TSJC declara ilegal la huelga del 8-N, puede establecer jurisprudencia para futuras convocatorias. El vice-secretario general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha hecho un llamamiento a tomar conciencia de la gravedad del juicio. En declaraciones a la ACN, Perelló ha advertido que peligra un derecho fundamental y que puede abrirse la puerta a prohibir futuras convocatorias bajo la acusación de ser políticas.

Fomento del Trabajo impugnó la huelga argumentando que había sido ilegal porque tenía motivaciones políticas. Además, la patronal exige una indemnización de un mínimo de 100.000 euros por daños y perjuicios ocasionados al tejido empresarial. Perelló ha explicado que esto puede hacer que todo el mundo que se considere afectado los reclame indemnizaciones que podrían ser ‘cantidades astronómicas de millones de euros’. Y ha añadido: ‘Pueden matar civilmente la Intersindical.’

Además, ha recordado que la huelga se convocó para protestar contra la precariedad laboral de la clase trabajadora, contra el decreto ley del gobierno español que facilitaba el traslado de la sede social de empresas y por las suspensiones por parte del Tribunal Constitucional español de leyes del Parlamento de Cataluña que ‘intentaban paliar los efectos de la crisis’.

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